Viernes, 16 Noviembre 2018
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Todo o nada para Pilar de Lara

11.11.2018 10:37   1 Personas Leyendo  0 Comentarios
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Durante años, muchos de los señalados injustamente por Pilar de Lara en sus múltiples causas contra la supuesta corrupción en Galicia —injustamente porque, tiempo después, se demostró su nula relación con la causa investigada— se lamentaban de que nadie les devolvería la honra, el buen nombre o, como el caso del exalcalde lucense José López Orozco, su cargo, al que tuvo que renunciar por sus múltiples imputaciones —más de la mitad ya archivadas—. Incluso arrastraban la losa de la resignación de que no habría justicia que exigiera responsabilidades a quien les llevó a ese mal trago: veían imposible que De Lara rindiera cuentas por sus controvertidos modos de instrucción. Cuando esta semana el Poder Judicial anunciaba la incoación de un expediente sancionador , muchos recuperaban un leve halo de esperanza. El movimiento del CGPJ no es casual ni apresurado. Es la germinación del malestar que en amplios sectores de la judicatura gallega ha ido creciendo desde hace años —tanto jueces como fiscales— por los modos de la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, por ese aura de «juez estrella» que tanto molesta a muchos compañeros togados, que acaba resumiéndose en mucho ruído, en ocasiones insoportable, pero escasas nueces. Durante demasiado tiempo se dejó hacer, se concedió margen para que De Lara saliera de su propio laberinto, pero la paciencia parece haber tocado a su fin. Solo así se entiende, por ejemplo, que la Fiscalía de Lugo avalara durante años el crecimiento exponencial de macrocausas como la «Pokemon», que empezó en esa ciudad, se extendió a Orense, Santiago o La Coruña, pero acabó desmadejada en Cataluña, Murcia o el Levante, en una deriva desautorizada este año por la Audiencia Provincial alegando que De Lara no es competente fuera de su jurisdicción. Y de paso, anulándole toda las pruebas, con el consiguiente desperdicio de tiempo y dinero por parte de los cuerpos policiales empleados para investigar. ¿A qué se expone Pilar de Lara? Dos son los cargos que contra ella pone encima de la mesa el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Por un lado, desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales, para lo que cita tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el 417.9, el 418.11 y el 419.3), en función de si se gradúa como leve, grave o muy grave la comisión de esta presunta falta. Por otro, la supuesta adopción de decisiones con manifiesto abuso procesal que generen incrementos ficticios del volumen de trabajo (art. 418.16 de la LOPJ), catalogada como de carácter grave. Las sanciones que podría proponer el promotor de la acción disciplinaria —una vez finalice el proceso de instrucción del expediente— van desde la advertencia o la multa de hasta 6.000 euros (lo más suave) hasta el traslado forzoso, la suspensión por tres años o la separación de la carrera judicial y la pérdida de la condición de juez. Fuentes del proceso consultadas por ABC estimaron improbable que se llegue a plantear esta última sanción, pero en todo caso consideran que las faltas por las que habrá de responder serán graves o muy graves. En todo caso, la última palabra corresponderá a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, de la que por cierto formó parte el abogado que defenderá a De Lara en este procedimiento, Agustín Azparren. ¿Qué se juega Pilar de Lara? Todo, evidentemente. Un proceso que remate en una sanción grave como un traslado o una suspensión temporal sería el varapalo definitivo para la juez, que vería así desautorizado el grueso de su labor de los últimos años en Galicia como perseguidora incansable de la corrupción. Una amonestación o una multa serían un severo tirón de orejas, y además llevaría aparejada la duda razonable: de seguir De Lara en el juzgado, ¿podría ser ella la solución del colapso cuando es, a ojos del CGPJ y el TSXG, el origen del problema? Parece difícil concebir que pudiera encontrar la salida a su propio laberinto. Y, obviamente, el carpetazo al expediente sin sanción sería un sonoro espaldarazo a su actividad, aunque con matices: no impediría que otros tribunales siguieran poniendo coto a sus excesos, como desde hace meses parece estar haciendo la Audiencia Provincial. Los retrasos «Cualquiera que la conozca sabe cuál es su dedicación, incluso excesiva», respondía este viernes a Europa Press el abogado Azparren, quien además alegó que al estar su defendida instruyendo varias macrocausas, «es normal que haya retrasos, ya que no solo depende de la instrucción de la jueza, sino de otras circunstancias». La juez prestará declaración ante el Poder Judicial el próximo 21 de noviembre. El diario El Progreso publicaba esta semana un recurso de la instructora en otra causa en el que culpaba al propio CGPJ de los retrasos en su actividad, ya que se le exigieron diversos informes con motivo de la profunda inspección a la que fue sometido su juzgado el pasado mayo. Y de paso, en una letanía ya conocida, cargó contra la Xunta por su «falta de medios» y apeló a la «huelga de funcionarios» que atascó la justicia gallega en el primer semestre del año. ¿Pero resulta creíble? En enero de este año, la Audiencia Nacional le devolvía a Pilar de Lara una de sus piezas de la «Pokemon», reprochándole entre otras cosas que habían transcurrido dos años y medio desde que se inhibió en la causa y la remitió efectivamente a Madrid. No sin cierta sorna, la magistrada Carmen Lamela señalaba en su auto que 35 de los 40 tomos del sumario habían sido añadidos durante ese periodo de inhibición. Entre julio de 2015 y enero de 2018 no hubo huelgas en la justicia. Y De Lara llegó a contar en ese lapso con un juez de apoyo y cuatro funcionarios de refuerzo —CSIF los reduce a dos—, que a día de hoy mantiene. ¿Un retraso circunstancial? ¿Un garbanzo negro en un currículo sin tacha? Parece que no. En la misma «Pokemon», principio y fin del muestrario de faltas que investiga el CGPJ, otra pieza estaba también rumbo a Madrid desde 2015, hasta que trascendió este año que todavía sigue pendiente de recursos en la Audiencia Provincial. Pero esa inhibición no ha impedido que siguiera practicando diligencias, entre otras la toma de declaraciones. ¿Serán, pues, dos las únicas tachas a formular? Será que no. Dos piezas más del entramado «Pokemon» fueron devueltas desde Santiago y otra más desde Avilés por idéntica justificación y retraso en su remisión. Esta macrocausa, iniciada en 2011, sigue abierta y con solo una de sus nueve piezas principales esperando fecha de juicio. Otra fue archivada. Agustín Azparren: Un viejo conocido del Poder Judicial Para defenderla en su expediente, Pilar de Lara no ha mantenido a su letrado de cabecera en Lugo, Gerardo Pardo de Vera (su defensor en un pleito que tuvo con un guardia civil por unas supuestas amenazas en un foro de internet; pero abogado a su vez de las acusaciones populares en varias macrocausas, sin que ello parezca suponer un conflicto de intereses). La elección de Agustín Azparren no es casual. Magistrado en excedencia, fue vocal independiente del CGPJ y miembro de sus comisiones de relaciones internacionales y disciplinaria. Está considerado un experto en mediación, y de hecho fue propuesto por un sindicato durante la huelga de la justicia gallega a comienzos de año. Canario de nacimiento, el grueso de su carrera se desarrolló en Asturias, donde fue juez decano de los juzgados de Oviedo, y donde su padre, Agustín Azparren Gaztambide, fue presidente de la Audiencia Provincial. Ya sabe qué es defender a jueces ante el CGPJ: lo hizo con éxito con Victoria Rosell en 2017. Durante su etapa como vocal de la comisión disciplinaria, impuso en 2008 una sanción grave al juez que no ejecutó una sentencia previa del asesino de la niña Mari Luz, que lo habría mandado a la cárcel y evitado así el crimen. No consideró que hubiera desatención de aquel juez y por tanto no cabía la sanción muy grave porque su juzgado «no era un caos». Eso es de lo que se acusa a su clienta. El paradigma de los retrasos está en el «caso Carioca», cuyas pesquisas se remontan a hace una década y que no vislumbra punto final a corto plazo. Hay más. «Pulpo», «Pikachu», «Cóndor», «Garañón»... Acumulan años de instrucción, en ocasiones meses sin que se mueva un papel pero, ¿acaso no es una huelga judicial —que afectó a los funcionarios de la justicia, no a los jueces y magistrados— un momento propicio para ponerse al día en las distintas causas que se instruye? Volumen innecesario Es la segunda acusación que formula el promotor de la acción disciplinaria. Un juez instructor encarga tal cantidad innecesaria de documentación que acaba por sobrepasar sus propias capacidades. ¿Le ocurre eso a Pilar de Lara? La Fiscalía opina que sí, por ejemplo. Baste el informe del Ministerio Público en la «operación Pulpo» desarrollada en el seno de la Diputación de Lugo, y que acabó por ser la puntilla para que José Ramón Gómez Besteiro dimitiera como secretario general del PSdeG. El caso parte en 2013 de un supuesto acoso laboral y una presunta malversación de caudales por unas facturas de las excursiones del programa «Km. 0» por parte del principal acusado. Pero a pesar de que esto es el origen de la investigación, el fiscal —en un informe de enero de 2017— pone de manifiesto que la causa «se extiende a otros hechos diferentes a los primeramente investigados», para entrar de lleno en los contratos de transporte de la Diputación, para lo que «ni existe un requerimiento en tal sentido, ni la causa tenía como objeto esas irregularidades». Y del acoso y la excursiones se pasa a indagar sobre un supuesto fraccionamiento de contratos de autobús, «hechos que son completamente diferentes a los inicialmente seguidos», insiste el fiscal. «Se produce una ampliación del objeto» de la causa, y por consiguiente, más tomos de sumario. ¿Paró aquí la deriva? No, por supuesto. Luego vendrían dos líneas más de investigación —trato de favor a varias empresas— y aparecería un anónimo con acusaciones contra Besteiro y una subordinada suya, que es incorporado al sumario. El resultado de este sumatorio de tramas «es la ampliación del objeto de la causa de modo exponencial, sin causa o argumento que la justifique». «Véase que ya ni siquiera se centra la investigación en la Diputación sino que se extiende de forma anómala al Ayuntamiento», cuyo registro se ordena. «Lo que era una investigación relativo al comportamiento de una persona concreta por dos hechos más o menos concretos y determinados —acoso laboral y malversación— se ha convertido ya en una investigación general de contratos públicos celebrados por la Diputación y el Concello de Lugo». Quien afirma esto es el fiscal Roberto Brezmes. La «operación Pulpo» sigue abierta, mantiene tomos del sumario bajo secreto y ha acabado investigando vacaciones pagadas por la Diputación en época de Francico Cacharro o los beneficios sociales de estos empleados. ¿Hay elefantiasis sumarial en la «Pokemon», por ejemplo? La Audiencia Provincial de Lugo tiende a afirmar que sí . Las pesquisas sobre el Grupo Agbar son el paradigma. Una de sus filiales, la extinta Aquagest, aparecía en el centro de la trama «Pokemon» en Santiago de Compostela, como supuesta pagadora de comisiones a políticos para obtener información privilegiada sobre concursos públicos. Lejos de circunscribirse a la capital de Galicia, De Lara y Vigilancia Aduanera —el cooperador necesario de la juez en sus instrucciones— extendieron la fiscalización a todo el grupo empresarial. La Audiencia le anuló en marzo de este año todas las pruebas ordenadas y practicadas en municipios de Levante porque entendía que «no es posible esgrimir una investigación global sobre el Grupo Agbar para estimar que la competencia se extienda a todo el territorio español en donde opere», y menos hacerlo estando inhibida en favor de la Audiencia Nacional. Todos esos tomos de sumario, todo ese tiempo invertido, pasaron a ser papel mojado. Una de las decisiones tumbadas en esa remesa fue una providencia del 6 de marzo de 2017, por la cual Pilar de Lara incorpora a la causa una noticia aparecida en un digital catalán «relativo a la petición que efectúan a la Fiscalía de Murcia para que investigue donaciones a la campaña independentista» de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). Para los magistrados de Lugo, «este es un ejemplo paradigmático de investigación prospectiva», que parte de una información periodística que no recoge «hechos aparentemente delictivos», lo que deriva «en un proceso sin objeto». «La instructora parte de una hipotética premisa y a través de la misma oficia a Vigilancia Aduanera a fin de que verifique si alguna de las empresas vinculadas a la investigación «pudiera» haber realizado pagos o donaciones de sumas de dinero a la Fundación Catalanista i Democrática». La Sala estimó que «esta incorporación de una noticia de prensa a partir de la cual se autoriza a investigar» a Aduanas «no es admisible». Dos ejemplos, dos, que no son anécdota sino una constante en los cientos de tomos que pueblan los pasillos del Juzgado de Instrucción nº1, más de mil según los sindicatos, y que esperan a que el CGPJ diga si deben seguir aumentando su número o, por el contrario, ha llegado el momento oportuno para poner fin a esta situación. Leer más »

El ponente de Gürtel maniobra para «colarse» en el CGPJ por el cupo de juristas

10.11.2018 5:03   3 Personas Leyendo  0 Comentarios
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El magistrado José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de Gürtel que propició la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intenta «in extremis» hacerse un hueco entre los vocales que aspiran a formar parte del próximo Consejo General del Poder Judicial. Como avanzó ayer ABC, Ejecutivo y PPultiman ya la renovación del órgano de gobierno de los jueces y el lunes termina el plazo (ya improrrogable) para que socialistas y populares presenten sus respectivos candidatos por el cupo de juristas. El pacto entre ambos consiste en el reparto de los veinte vocales y una presidencia consensuada. Doce de estos vocales son jueces preseleccionados por la carrera judicial y los otros ocho son juristas. Es en este último grupo –en el que PSOE y PP propondrán cada uno cuatro vocales y tres suplentes– en el que el que De Prada, juez del entorno de Baltasar Garzón y de la ministra Delgado, aspira a estar. Ya intentó formar parte de la lista del medio centenar de jueces que presentaron su candidatura a vocal este verano, bien avalados por una asociación judicial, bien por sus propios compañeros. Sin embargo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial vetó esta posibilidad en septiembre, al negarle su reingreso al servicio activo, circunstancia imprescindible para ser designado en el cupo de jueces. El Poder Judicial alegó entonces que De Prada no había aportado la documentación que se le había requerido relativa a su cese en el cargo por el que, tras dictar la sentencia de Gürtel, quedó en situación de servicios especiales –el de magistrado del Mecanismo Residual ante los tribunales internacionales de Naciones Unidas–. La Comisión Permanente basaba su decisión en el informe emitido por los órganos técnicos del CGPJ, según el cual cuando un magistrado cese en un puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales, debe solicitar el reingreso al servicio activo. Fuera del servicio activo Cerrada esta puerta, detrás de la que el propio De Prada denunció una «sanción encubierta» por parte del CGPJ por su «extralimitación» en la sentencia de Gürtel, la única posibilidad que le quedaba a De Prada para optar al CGPJera hacerlo a través del cupo de juristas. Su candidatura estaría amparada ahora por el artículo 765 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). «Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas (...)». Pero una cosa es la teoría y otra la práctica, y la realidad es que el hecho de que el PSOEproponga a De Prada este lunes entre su media decena de juristas dependerá fundamentalmente de la autonomía con la que cuente la ministra Dolores Delgado –quien negocia la renovación del Consejo con su antecesor, Rafael Catalá– para proponer a los candidatos que ella considere oportunos. Eso también se verá con los candidatos que finalmente presente el PP en el cupo de jueces, en el que Delgado quiere contar con el juez de la Audiencia Nacional y amigo Fernando Andreu pero no es ella quien tiene la última palabra. Muestra de su estrecha relación de la ministra con el juez De Prada es el hecho de que haya contado con él como miembro de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal. Todos los miembros de este equipo son próximos a Garzón: Manuel Ollé, Manuel Miguel Vergara –asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón– y Hernán Hormazábal. De Prada ha estado en muchas ocasiones en el centro de la polémica, como cuando dijo que en España la tortura a miembros de ETA ha sido «clara», justificó el «chivatazo» del caso Faisán o más recientemente no se opuso a la excarcelación de los «Jordis» contra el criterio de sus cuatro compañeros. Leer más »

La comisión del Congreso sobre la 'caja b' del PP espera el martes al 'número dos' de 'Gurtel'

09.11.2018 10:34   5 Personas Leyendo  0 Comentarios
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La comisión del Congreso que investiga la supuesta 'caja b' del PP tiene citado para este martes al 'número dos' de la trama 'Gürtel' y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, que fue condenado a 37 años y medio de prisión por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo. Leer más »

Gobierno y PP, a punto de cerrar su acuerdo para renovar el Poder Judicial

09.11.2018 0:39   2 Personas Leyendo  0 Comentarios
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Pese a que las relaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, no atraviesan uno de sus mejores momentos -especialmente a raíz de que Casado reprochara a Sánchez su connivencia con los golpistas-, las negociaciones entre Ejecutivo y los populares para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están tan avanzadas que en los próximos días se inicia ya la recta final para que el órgano de gobierno de los jueces eche a andar nada más terminar el actual mandato el próximo 4 de diciembre. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas a la negociación, las conversaciones entre la ministra Dolores Delgado y su antecesor, Rafael Catalá, a quien Casado ha encomendado este asunto, no se han interrumpido en ningún momento desde que el pasado agosto los máximos responsables de ambas formaciones dieran luz verde a los suyos para empezar a hablar. Hay una «firme voluntad» por ambas partes de que la renovación se produzca en plazo, sostienen las fuentes citadas. Más ahora, en plena crisis por la gestión del caso de las hipotecas por parte del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, y por ende, de quien le aupó a ese cargo, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Tanto el Ejecutivo como los populares coinciden en que esta renovación es fruto de la «normalidad democrática de las instituciones», aunque la campaña de desprestigio del Ejecutivo hacia el Tribunal Supremo no apunte precisamente a eso. Sólo dos partidos Este lunes concluye el plazo para que los partidos presenten la lista de candidatos que corresponde elegir al Parlamento como vocales del órgano de gobierno de los jueces. Las Cortes deben votar por mayoría cualificada a los 20 vocales del Consejo, de los que 12 deben ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos. En realidad, sólo los grupos parlamentarios popular y socialista lo harán, al tratarse de los partidos mayoritarios y después de que Ciudadanos haya rechazado participar en este proceso al considerar que los doce vocales de procedencia judicial deben ser designados por los propios jueces y no por las Cortes. El acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo pasaría por que cada uno proponga diez de los veinte miembros del Consejo y por pactar la presidencia, para la que ya se han barajado nombres pero no está todavía cerrada. Sí está a punto de estarlo la lista de jueces, en la que se partía de 51 miembros de la carrera, entre ellos cuatro que participaron en el polémico Pleno de las hipotecas de esta semana. La presencia de tres de ellos se da por segura: Ángel Arozamena y José María del Riesgo (a propuesta del PSOE) y José Antonio Montero (a propuesta del PP). La mujer de Llarena Al margen de estos tres, los nombres que están sobre la mesa de los negociadores y que cuentan con muchas posibilidades de estar en el nuevo Consejo son Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial y esposa del juez Pablo Llarena (es quien ha presentado el mayor número de avales de compañeros, 309); el juez de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, quien llevó la ley hipotecaria al TSJ de la Unión Europea; la juez de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía Inmaculada Montalbán; la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell; el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, amigo de la ministra Dolores Delgado, o la decana de Jerez y juez en Sevilla María Reyes Vila. Entre el grupo de juristas en este momento suenan con fuerza los nombres del presidente de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; el abogado y exdiputado José Miguel Castillo, y a propuesta del PSOE, la fiscal de Santiago especialista en violencia de género Pilar Fernández. Fuentes próximas a la negociación aseguran que, en principio, ninguno de los protagonistas va a poner vetos a los candidatos que proponga el otro, lo que allanará el camino para la renovación en la recta final que comienza esta semana. Dedicación exclusiva El nuevo Consejo estrenará la reciente reforma que devuelve al órgano de gobierno de los jueces las funciones y competencias que tenía antes de la modificación impulsada en 2013 por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Como principales novedades, los vocales volverán a tener ahora dedicación exclusiva (y no solo los miembros de la comisión permanente) y los nombramientos de altos cargos judiciales serán más transparentes que en anteriores mandatos, pues habrá de motivarse el mérito. La división entre vocales «de primera y de segunda» que estableció la anterior ley, sumada a la personalidad del propio Lesmes, han convertido el CGPJ en un órgano excesivamente presidencialista y lo han puesto en el centro de la diana de las críticas porque, según denuncian las asociaciones judiciales, no ha sabido reaccionar a tiempo ante ataques injustificados a miembros del Poder Judicial que se han venido sucediendo especialmente en los últimos meses. Leer más »

Seis noticias imprescindibles de este jueves

08.11.2018 21:52   1 Personas Leyendo  0 Comentarios
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1. La Audiencia de Barcelona sugiere que se debería haber dejado votar el 1-O. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido mantener la investigación judicial, tras admitir varios recursos, sobre la actuación de la Guardia Civil para evitar la celebración del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017 en un instituto de San Juan de Vilatorrada (Barcelona). 2. El Gobierno devuelve a las comunidades el poder de regular las lenguas cooficiales en el aula. El Gobierno ya ha preparado el documento de propuesta para la modificación de la actual ley educativa, la Lomce, más conocida como «Ley Wert» cuya intención es eliminar «los aspectos más lesivos» de la misma, tal como señala el documento al que ha accedido ABC y como señaló la ministra de Educación, Isabel Celaá en varias ocasiones. 3. Los Mossos detienen a un hombre que planeaba atentar contra Pedro Sánchez. Manuel M., un vigilante de seguridad de 63 años, natural de Tarrasa y amante de las armas y el tiro olímpico, fue detenido el pasado 19 de septiembre acusado de planear el asesinato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según han explicado este miércoles fuentes de los Mossos d'Esquadra, el hombre lleva más de un mes preso en la cárcel catalana de Brians 2. 4. La AN investiga si Interior pagó con fondos reservados al chófer de Bárcenas para que robara papeles del PP.El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea investiga en una pieza separada del caso Tándem por el que fue encarcelado el excomisario José Manuel Villarejo un supuesto encargo al que era chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar los papeles y otros efectos que este se había llevado de la sede del partido. 5. Tres heridos en un accidente entre un ferry y un barco de recreo en Gran Canaria. Salvamento Marítimo ha rescatado a tres personas del mar con heridas leves tras un accidente entre un ferry rápido de Naviera Armas y una embarcación de recreo a unos nueve kilómetros de Bañaderos, en el norte de Gran Canaria, han informado a Efe fuentes de la sociedad pública. 6. Trump avisa a los demócratas que no negociará nada si lo investigan. No ha tardado Donald Trump en adaptarse a la nueva realidad política de Estados Unidos. Menos de doce horas después de que los demócratas lograran la mayoría en una de las dos cámaras del Capitolio, el presidente compareció ayer desde la Casa Blanca para ofrecer acuerdos a la oposición. «Podemos lograr muchas cosas juntos», dijo el presidente, que a su vez advirtió en contra de cualquier investigación parlamentaria sobre él o sus finanzas. Leer más »

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