Viernes, 16 Noviembre 2018
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Condenas a muerte por un crimen en Lillo, caciquismo y pendencias vecinales

13.11.2018 20:55   6 Personas Leyendo  0 Comentarios
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El 16 de agosto de 1899, León Vicente Fernández Carnicero, alias «Marica», natural de Lillo, se encontraba picando piedra en la cantera de Ataque Seco en Melilla. Formaba parte de un batallón de penados recluidos en la plaza fuerte y había sido trasladado allí para cumplir pena de cadena perpetua, tras haberse librado de ser ejecutado, tal y como la Audiencia Provincial de Toledo le condenó en 1893 como responsable de un asesinato cometido en su localidad natal. Aprovechando un descuido de sus vigilantes, emprendió veloz huida, consiguiendo escabullirse en territorio marroquí. Nueve meses después fue localizado en El Romeral, detenido e ingresado de nuevo en la cárcel toledana. El crimen que llevó a Carnicero hasta la prisión melillense fue cometido en la noche al 29 de mayo de 1891 en Lillo. La víctima fue Antonio Gómez Choco, tiroteado en el corral de su casa mientras estaba orinando. Su muerte causó gran alarma en el pueblo, toda vez que desde hacía unos meses los episodios violentos se sucedían allí con el trasfondo latente del caciquismo político que por aquel tiempo azotaba numerosos puntos de la provincia. Este municipio, además, era lugar natal de Venancio González, quien durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina fue ministro en varias ocasiones. Retratos de “Marica” y “Ojos de Santo” publicados en “El Heraldo de Madrid” tras conocerse la sentencia a muerte contra ambos, indicando que estos criminales “no tardarán mucho en expiar su culpa”.Los primeros detenidos por la muerte de Choco fueron sus vecinos, el matrimonio conformado por J osé Antonio Moncayo y Bernarda María Vélez y su hijo Julián. Aparecían como principales sospechosos, toda vez que los disparos fueron efectuados desde una ventana de su casa, contigua a la del asesinado, y las desavenencias entre ella y la mujer del tiroteado eran conocidas en el pueblo. Dado los antecedentes violentos que se habían registrado en Lillo, no tardó en personarse allí el gobernador civil, con la finalidad de recabar información de primera mano sobre cuales podrían haber sido los motivos reales del crimen. Cuando horas después regresó a Toledo, estaba convencido de que las razones del asesinato se relacionaban más con enemistades femeninas que con motivos políticos. Pese a ello, los ecos del caso llegaron hasta el Congreso de los Diputados, donde se escuchó que «en Lillo era imposible vivir» a causa de tiroteos, asaltos a casas y disputas provocadas por bandas incontroladas. Tras ser detenida, Bernarda declaró que el autor del disparo había sido Pascual Muñoz, conocido en el pueblo con el sobrenombre de «Ojos de Santo». Éste dijo que, en realidad, solamente había sido testigo del crimen, derivando la responsabilidad hacia León Vicente Fernández Carnicero, quien contaba con numerosos antecedentes penales y ya había estado tres veces en prisión. Muñoz indicó que Carnicero había actuado inducido por Bernarda, toda vez que, según se decía, ambos mantenían relaciones íntimas. Estas acusaciones fueron rebatidas por Carnicero, argumentando que quienes dispararon fueron Muñoz y otro cómplice suyo, Rufino González. Momentos antes de perpetrarse el crimen, los tres habían estado cenando juntos, huevos y caracoles, en una huerta conocida con el nombre de «Concejo», que distaba unos doscientos metros del corral donde fue muerto Choco y era propiedad de Gumersindo Díaz Cordovés, otro de los políticos conservadores más conocidos de la provincia de Toledo. Fortín del Ataque Seco, en Melilla, de cuya cantera se fugó León Vicente Fernández Carnicero en 1899Dos años y medio tardó el caso en llegar hasta la Audiencia Provincial de Toledo para ser juzgado. En el banquillo de los acusados se sentaron los seis detenidos. El ministerio fiscal, representando por Felipe Pozi, consideraba probado que los autores de los disparos fueron «Marica» y «Ojos de Santo», reservando para los otros cuatro encausados la consideración de coautores. Para todos ellos solicitaba pena de muerte. Desde una hora antes de iniciarse la sesión, numerosas personas aguardaban en las puertas de la sala donde iba a celebrarse la vista a que el alguacil diese la voz de «audiencia pública» para precipitarse al interior y ver cómo, esposados de dos en dos, entraban en ella los procesados. Las declaraciones de los diferentes testigos evidenciaron que entre Bernarda y Rosa Díaz, esposa de García Choco, había una profunda enemistad, habiendo llegado la primera a envenenar cuatro gallinas de la otra. Varios de ellos manifestaron haberle oído amenazar de muerte a Antonio y a su hijo. Estas diferencias, sin embargo, no parecían afectar a sus maridos, según declaró el propio Moncayo, quien llegó a decir que él y Choco eran los «hombres más de bien» que había en el pueblo, y que por aquellos días todos en Lillo llevaban armas, las cuales se compraban con toda facilidad, como si fuesen «zanahorias». Otra cuestión que quedó meridianamente clara en la vista fue el estado de intranquilidad y desasosiego que por aquellos días se vivía en el pueblo. Martín Lillo, teniente de la Guardia Civil confirmó que determinados individuos estaban organizados en partidas «de la porra» y «escopeteros», teniendo aterrorizado a vecindario con sus fechorías. Algunos testigos acusaron a Carnicero de estar al frente de una de las bandas. Gumersindo Díaz Cordovés y Venancio González, conocidos políticos toledanos durante la Restauración, vinculados con la localidad de Lillo y su entorno.Significativa fue la aportación de Emilio Martínez Cerdano, hortelano de la propiedad de Díaz Cordovés, quien indicó que cuando la noche del crimen Pascual, Rufino y León llegaron al «Concejo», éste último llevaba un bulto envuelto en una manta, que bien podría ser un trabuco. Bebieron juntos un trago de vino y poco después, tras sonar un cohete, salieron los tres del lugar, oyéndose al poco rato los disparos que acabaron con la vida de Choco. En su declaración, Bernarda dijo que la víspera del día de autos, Muñoz le había confesado que quería matar a García Choco y que la noche en que se perpetró el crimen se presentó en su domicilio con una escopeta, amenazándola. Esa circunstancia no fue óbice para que se acostase y en el duermevela, según confesó, escuchar unos disparos. Como las sucesivas declaraciones y careos de cuantos testigos fueron llamados a declarar no arrojaban luz suficiente para determinar el grado de implicación real de cada uno de los procesados, el tribunal se desplazó en tren a Lillo, para reconocer de primera mano el escenario del crimen. Allí se determinó que se efectuaron dos disparos, uno desde la escalera de la casa de los Moncayo y otro desde una puerta entreabierta del mismo corral. Por la trayectoria del impacto en el cadáver de Gómez Choco, este último fue el que provocó la muerte. De regreso a Toledo, el fiscal, tras considerar que el ambiente que se vivía en Lillo era parecido a una «kábila rifeña», acusó como autores materiales del crimen a «Marica» y «Ojos de Santo», con el agravante de nocturnidad y alevosía. Para Bernarda y Rufino sostenía que solamente habían participado en calidad de cómplices y exculpaba de toda responsabilidad a los Moncayo (padre e hijo), quienes de inmediato quedaron en libertad. Los abogados defensores, Federico Lafuente, Julián Esteban Infantes y Antonio Martínez Bringas, rebatieron que tal culpabilidad estuviese clara, ni que en el asesinato hubieran influido cuestiones políticas, argumentando que los acusados carecían de cultura y posición para interferir en la misma. Sus argumentos no fueron tenidos en cuenta por el jurado, que dio por buenas las tesis del fiscal, declarando culpables a los acusados. A la vista de ello, el tribunal de derecho, condenó a «Marica» y «Ojos de Santo» a pena de muerte, mientras que a los otros dos procesados se les impusieron diecisiete años de reclusión. Conocida la sentencia, Bernarda, quien durante las sesiones del juicio había sufrido varios síncopes, rompió a llorar, llamando desgarradoramente a sus hijos. La escena, calificada en la prensa de la época como «tristísima», conmovió hondamente al público. Mientras tanto, Fernández Carnicero, al saber que acaba de ser condenado a muerte, y según escucharon algunos asistentes, dijo al presidente del tribunal, Jorge Morlán: «¿usted cree que yo me arrepiento?». Días después de conocerse la sentencia, los vecinos de Lillo volvieron a vivir sobresaltados un nuevo crimen. Policarpo Chacón, alias «Carabina», de treinta y ocho años, fue encontrado muerto, presentando una herida de arma blanca en el vientre. Ante este nuevo asesinato, en la prensa madrileña se afirmaba que raro era el día en que la localidad no registraba alguna pendencia, insistiéndose en que la larga sombra del caciquismo estaba latente. «Cabe preguntar -se afirmaba en “La Época”- si Lillo pertenece a España o al Riff, si hay leyes protectoras para los hombres honrados o no, y si será posible poner coto a tales actos de salvajismo que son el escándalo del país». Como responsables de esta nueva muerte fueron detenidos tres hermanos conocidos con el sobrenombre de «Los Anises», así como su madre y la esposa de uno de ellos. En mayo de 1894, en el Tribunal Supremo se vio el recurso de casación interpuesto por el abogado Federico Lafuente contra las sentencias de muerte contra Pascual Muñoz y León Vicentre Fernández Carnicero. Como el mismo no prosperó, diversas personalidades políticas, directores de periódicos toledanos y madrileños y autoridades provinciales elevaron a la reina María Cristina una petición de indulto. La súplica consiguió su fin y el veinticinco de julio de 1894, la regente firmó en San Sebastián un real decreto por el que se les conmutaba la pena máxima por la inmediata de cadena perpetua. Fernández Carnicero fue trasladado al penal de Melilla para cumplir la pena. Y de allí, cinco años después de ser indultado, huyó mientras realizaba trabajos en la cantera de Ataque Seco, una de las fortificaciones próximas a la ciudad de Melilla, donde por entonces comenzaba a conformarse una incipiente barriada. Una vez «libre», en vez de continuar su vida en tierras marroquíes, cometió el error de volver a su pueblo natal. Lo hizo valiéndose de una cédula de nacionalidad, expedida en toda regla por el cónsul de España en Tánger, a nombre de J oaquín Taruay del Valle, industrial, casado, de treinta y nueve años de edad y natural de Málaga. Este subterfugio, que pudo valerle para cruzar fronteras, no le sirvió de mucho en Lillo, donde fue reconocido por sus paisanos, no tardando en ser detenido en El Romeral y trasladado a la cárcel provincial de Toledo. En ese trance volvió a hacer gala de la arrogancia que ya había demostrado al serle comunicada la sentencia de muerte, declarando que volvió a su pueblo con la pretensión de exigir a su hermano dos mil pesetas que tenía suyas y regresar luego a África donde aseguraba encontrarse «perfectamente». Enrique Sánchez Lubián, escritor y periodista Leer más »

Juan Francisco Jerez ofrece una charla en el colegio de Arquitectos sobre distintos aspectos relacionados con el futuro urbanístico de Albacete

12.11.2018 14:30   5 Personas Leyendo  0 Comentarios
De: www.lacerca.com


Lunes, 12 de noviembre de 2018 - En

El concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Albacete, Juan Francisco Jerez acompañado por la Presidenta del Colegio de Arquitectos, Ana Teresa García y el redactor del Estratega de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI y representante de Urvial, Esteban Berlanga, ha participado en una Jornada sobre Regeneración organizada por el colegio de Arquitectos que se ha celebrado en...

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El tripartito propone que Camps, Costa, Rus, Blasco y «El Bigotes» comparezcan en la comisión sobre Taula

09.11.2018 21:09   4 Personas Leyendo  0 Comentarios
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El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exconseller Rafael Blasco, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus o Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', son algunos de los nombres que el Botànic quiere que comparezcan en la comisión de investigación constituida en Les Corts sobre la contratación de la Generalitat con la trama investigada en la Operación Taula. Así consta en el plan de trabajo conjunto presentado por PSPV, Compromís y Podemos, que se votará el lunes en comisión junto a los que plantean PP y Ciudadanos por separado. Este viernes finalizaba el plazo para que todas las formaciones presentaran sus propuestas de trabajo. El Botànic plantea, además de esos nombres, que comparezcan el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, los exconsellers del PP Trini Miró, Alejandro Font de Mora y Esteban González Pons, el exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos, el exdirigente del PPCV David Serra, el ex consejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla y el directivo Miguel Barranca, así como responsables de las empresas Trasgos y Engloba. También citan a tres personas "relacionadas con la investigación y la denuncia" del caso: la coordinadora de EUPV Rosa Pérez Garijo y los periodistas Juan Nieto y Loreto Ochando. Estos grupos solicitan en su plan diversa documentación e informes relacionados con la Fundación Jaume II El Just (escrituras, estructura, organigrama, informes de Intervención, Hacienda, CJC y Sindicatura de Comptes, cuentas anuales, informes de gestion y auditoría independiente, presupuestos, actas de reuniones, correos electrónicas, expedientes de compras y contrataciones, relación de proveedores, gastos en dietas, viajes y regalos, por ejemplo). También se pide a la Generalitat copia de los expedientes de contratación de todos los organismos dependientes desde 2003 a 2015 con más de 30 empresas. Se establece un plazo de 20 días hábiles para que se aporte y otros 20 para estudiarla. El plazo para emitir el dictamen será de cinco meses desde que se apruebe el plan de trabajo, hasta el mes de abril. Plantean que el esquema del debate sea de pregunta-respuesta y precisan que para conseguir los objetivos previstos "se exigirá a los comparecientes que contesten de forma clara y concreta a las preguntas formuladas por los grupos". El PP añade socialistas al listado El PP, por su parte, también pide que acudan Rosa Pérez Garijo y Marcos Benavent, y añaden otros nombres socialistas como Sandra Gómez, Jorge Alarte, Josep Moreno, Rafael Rubio o José Manuel Orengo, además del actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Su propuesta de documentación incluye solicitar información al juzgado de Instrucción 18 de Valencia sobre las diferentes piezas de Taula no sujetas al secreto de sumario, organigramas de Imelsa desde 2007 hasta la actual Divalterra, copias de las actas de reuniones del consejo de administración y los expedientes de contratación tramitados, así como copia de la documentación requerida en la comisión en el Ayuntamiento de València sobre el caso Taula. Ciudadanos cita a Fabra, Cotino y Rambla Por su parte, el plan de trabajo de Ciudadanos incluye en las comparecencias, además de Álvaro Pérez, Camps, González Pons, Camps, Rus, Costa o Serra, otros nombres como el empresario Enrique Ortiz, el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra, los exconsellers Gerardo Camps, María José Catalá, Juan Carlos Moragues los exvicepresidentes Juan Cotino, Víctor Campos y Vicente Rambla. Incluye, asimismo, a la extesorera del PPCV Yolanda García o el interventor general de la Generalitat desde 1997 Salvador Hernández.Cs indica que los trabajos finalizarán "con carácter previo a la disolución de Les Corts desde la aprobación del plan, sin perjuicio de su ampliación como consecuencia de la dilación de los trabajos". Leer más »

La reina Sofía recibirá la próxima semana en Cuenca el premio Patrimonio 2018

09.11.2018 13:06   3 Personas Leyendo  0 Comentarios
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La reina Sofía recibirá el próximo viernes, 16 de noviembre, el Premio Patrimonio 2018 que otorga el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en un acto que se desarrollará en el Espacio Torner, ubicado en la antigua iglesia de convento de San Pablo de Cuenca. El reconocimiento será entregado a doña Sofía coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la creación del grupo español de ciudades Patrimonio de la Humanidad, según ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Cuenca. Asimismo, ha indicado que el acto se celebrará a partir de las 19:00 horas en el Espacio Torner, habilitado en la antigua iglesia del convento de San Pablo, donde ahora se ubica el Parador de Turismo de Cuenca. El presidente del grupo y alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, entregará el reconocimiento a la Reina emérita, «por su apoyo a la protección y difusión del patrimonio, y su especial sensibilidad por la cultura». El acto tendrá lugar tras la celebración del Foro Cuenca 2018 «Las Ciudades Europeas Patrimonio de la Humanidad en el Siglo XXI: Retos y Oportunidades» que se celebrará la próxima semana en la capital conquense, donde al día siguiente, el sábado 17 de noviembre, tendrá lugar la asamblea de alcaldes de las ciudades que conforman el grupo. En el acto de entrega, la Escolanía Ciudad de Cuenca ofrecerá un concierto bajo la dirección de Carlos Lozano y con Mario Mora al piano con un repertorio de obras de José Miguel Moreno Sabio y José Antonio Esteban Usano, sobre poesías de Federico Muela, ha avanzado el Consistorio conquense. Leer más »

Un sacerdote revela que entregó un millón de euros al líder de la secta de los Miguelianos

26.10.2018 23:32   5 Personas Leyendo  0 Comentarios
Archivado en: Esteban, Pese, Miguel, Madrid
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La undécima sesión contra Miguel Rosendo, el líder de la presunta secta de Oia, dejó al descubierto una donación de más de un millón de euros para el principal procesado. Su benefactor fue un seguidor de la orden que ayer declaró en calidad de testigo para manifestar que fueron «donaciones personales» desde que en 2008 supo de la constitución de esta «asociación pública de fieles» dentro de la Iglesia. «Me fiaba completamente de ellos», insistió el testigo a propósito de unas elevadas cantidades que siempre entregó en mano. Sobre estos intercambios de dinero, el benefactor llegó a explicar ante el tribunal que entregó en Madrid unos «870.000 euros» a dos miembros de la Orden, Esteban R.M. (acusado en la causa) y M.C. (tesorero de la Orden). El testigo, que a su vez también es sacerdote, retiró el dinero de «un fondo» personal junto con un matrimonio que definió como los «delegados» de Rosendo en Madrid. Sobre la escena, detalló que los billetes «no cabían» en sobres y tuvieron que meterlos «en dos bolsas» para a continuación introducirlos en una mochila en la que se lo llevaron. El religioso, exlegionario de Cristo, también testificó que ya en el año 2013 «sospechó» que «no estaba todo claro» y «especificó» que solo «ayudaría» a Rosendo y a su mujer. Y es que, pese a conocer las denuncias por abusos sexuales contra el cabecilla de la presunta secta, el benefactor mantiene firme su confianza en Rosendo. «Allí [en alusión a la casa madre de Oia] se vivía en un entorno alegre y Miguel tenía con las mujeres consagradas que actuaban como sus bastones una relación preciosa de respeto y cercanía», expresó ayer en sala. Insistiendo en los presuntos abusos en el seno de la orden, el donante reveló que cuando el tesorero le traslado las violaciones que se le imputaban a Rosendo «le creí y me sentí engañado», manifestó. Pero después, una hermana monja le dijo que «tenía una luz interior que quería decir que me habían engañado» y retomó su relación de amistad con el principal acusado. Apelando a los delitos económicos que este viernes se abordaron en la vista, la abogada de la acusación particular manifestó que no han «desaparecido» de la causa «como quieren hacer ver las defensas», pues por parte de su acusación solicita condena por delitos de «apropiación indebida y estafa» para Rosendo. «Y reclamo —prosiguió la acusación particular— responsabilidad civil para las cantidades que mis representados han dado para Orden y Mandato, y que entendemos que Rosendo hizo suyas». La causa se retomará el lunes. Leer más »

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