Jueves, 16 Agosto 2018
Noticias relacionadas con: Galicia
De expolios y saqueos

13.08.2018 2:04   2 Personas Leyendo  0 Comentarios
Archivado en: Juan, Galicia, Todo
De: https:


A las afueras de la ciudad de Viveiro, en el barrio de As Xunqueiras, emerge con elegante sobriedad el monasterio dominico de Valdeflores. Sus celosías asoman al apacible valle del Landro y a las páginas de «De Villahermosa a la China», la novela cuyo autor, el gran Pastor Díaz, quiso purgar de su obras completas, quizá con excesivo celo autocrítico. «Habitábanle dentro vírgenes del Señor», evocará en la lejanía Javier, el álter ego del escritor. Y desde allí subían al Cielo «preces que el mundo ignora». Todo eso es ahora literatura, costumbrismo, pasado y nada. Porque desde hace un par meses el traslado de las últimas monjas que lo ocupaban ha dejado al convento huérfano y desasistido. Cuentan las crónicas que, tras la marcha de las profesas y una vez hecho el primer arqueo de bienes —no se sabe si inventariados o no— se echan en falta, para empezar, un cantoral y un códice, quizá de los años fundacionales, que son los finales del XVI. Se supone que en algún sitio estarán y que algún día se aclarará el misterio de su misteriosa desaparición. En lo que atañe a la protección de su patrimonio documental, la capital de A Mariña Occidental tiene poca suerte. ¡Vaya por Dios! A un par de kilómetros del convento de Valdeflores agoniza el pazo de Grallal, solar de la rama española de los Dutton, instaurada por don Juan Dutton y Aguiar, hijo de aquel pintoresco caballero inglés que fue don Juan Dutton el Viejo, amigo de los Estuardo y desembarcado en tierras vivarienses para poner a salvo su catolicísima cabeza y, de paso, la imagen de la Virgen Inglesa, que seguimos admirando en su capilla de la catedral mindoniense. A la hora presente, se desploma el pazo de Grallal. Y de sus legajos y manuscritos nada se sabe: si están a salvo, si están enteros y verdaderos o si han huído por la chimenea de la cocina. El desmantelamiento del patrimionio documental de Galicia es una auténtica tragedia. Y las causas de la misma son bien conocidas y se congregan en un trío de sospechosa catadura: incuria de los obligados a su custodia, saqueo y rapiña. Leer más »

La renta de inclusión corrige trabas para amparar a trabajadores pobres

13.08.2018 2:04   1 Personas Leyendo  0 Comentarios
Archivado en: Social, Estas, Galicia, Este, Google, Plan
De: https:


Los datos que manejan las organizaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión señalan para Galicia un 15% de personas empleadas en situación de pobreza. La precarización del mercado laboral vivida de la mano de la crisis económica trajo consigo nuevas situaciones de necesidad en las que un contrato de trabajo no equivale a garantía de ingresos suficientes. La Renta de Inclusión Social (Risga) es la prestación autonómica de referencia para hogares sin recursos y sin acceso a prestaciones contributivas. La falta de adecuación de esta prestación a los nuevos perfiles de riesgo emanados de la recesión estuvo detrás de la reforma que, en diciembre de 2013, con los votos del PPdeG, fructificó en la nueva ley de inclusión social gallega. Cuatro años después de su entrada en vigor —y aunque el propio texto dio un plazo máximo de seis meses, agotado en junio de 2014, para elaborar las normas necesarias para su despliegue—, el decreto que debe completar su desarrollo apura la última fase de exposición pública con la previsión de que pueda quedar aprobado antes de que termine el año. Aunque no ajena al debate —las fuerzas de la oposición y distintos colectivos sociales afean la utilización del mes de agosto para este último trámite—, esta última versión del decreto recoge algunas alegaciones básicas del sector, con la intención, apunta Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social, de ganar eficacia en la cobertura de situaciones de necesidad y contribuir al traslado de la recuperación a las personas en situación de vulnerabilidad económica. «Buscamos que sea un decreto participativo. Se incorporaron alegaciones y se volverán a considerar otras, pero es la tercera vez que se da la oportunidad de realizar aportaciones», expone acerca de las críticas a los tiempos y plazos de esta última exposición pública. Entre las modificaciones de mayor calado referidas por el director xeral figura la supresión de la condición de desempleado como requisito imprescindible para optar a la prestación, uno de los seis puntos reclamados por más de una decena de organizaciones profesionales, políticas y sociales en el acuerdo de exigencias comunes presentado en el mes de mayo. Esta demanda, «lógica y coherente» a ojos del director xeral, viene a corregir una situación que bloqueaba el acceso a asalariados pobres y favorecía el trabajo en negro entre personas que dependían de la prestación. Desincentivar ingresos en B «Con los requisitos actualmente vigentes, una persona que trabaje a jornada parcial y no tenga más que un trabajo de dos horas diarias por el que a final de mes recibe 200 euros no puede acceder a la Risga aunque esté inscrita como demandante de mejora de empleo y aunque a todas luces su sueldo sea insuficiente para sobrevivir», ilustra Antía Sobrino, vicepresidenta del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. «La inmensa mayoría de la gente con la que trabajamos son personas que lo que tienen son ganas de tener un trabajo digno con un salario digno que les permita sostener a sus familias, pero si estás sola con tu hija cobrando 400 euros de Risga y puedes sacar 200 haciendo limpiezas en B pues lo vas a hacer porque evidentemente la cuantía no es suficiente», expone. En esta misma dirección avanza el tramo de transición al empleo, otra de las novedades de la ley de 2013 pendientes de la aprobación del decreto. Con este nuevo complemento, la Risga se reducirá progresivamente, completando el salario del beneficiario en los primeros meses de acceso al mercado de trabajo (hasta un máximo de seis meses y sin que los ingresos totales puedan superar el 135% del salario mínimo interprofesional) con el objetivo de corregir la realidad actual en la que la retirada de la prestación desincentiva la aceptación de empleos de baja intensidad. Cambios con los que la Administración aguarda mejorar las tímidas ratios de inserción que año tras año arroja el dispositivo: un 14,85% de salidas por acceso a ingresos en 2017. La tasa tocó suelo en 2013 con un mínimo 7,75% de bajas por obtener otra fuente de recursos. La apertura del dispositivo a personas con salarios insuficientes y la puesta en marcha del tramo de transición al empleo, apunta el director xeral, se traducirá en un incremento de las partidas destinadas a la prestación, que en este 2018 —y pensando en una aprobación más ágil del decreto— se concretó en 62,4 millones de presupuesto, cuatro más que en 2017. Estas reformas, señala Parrado, llegan en un momento de cambio de tendencia. El descenso en el número de solicitudes (6.039 en 2017, un 11% menos que en 2016 y lejos de la casi ocho mil registradas en los años centrales de la crisis) y la reducción en la cifra de personas dependientes de la prestación (10.371 al cierre del pasado ejercicio, 390 menos que doce meses atrás) permiten pensar, sostiene, «que la recuperación económica empieza a tener efecto en estos grupos más vulnerables». En cualquier caso, añade, las nuevas garantías se traducirán en una ampliación del volumen de personas protegidas por la prestación (sólo la desactivación del requisito de desempleo se derivará en unos 400 usuarios más según las estimaciones que, con todas las cautelas, insiste, maneja su departamento ) y en un incremento de las cuantías por la incorporación del mencionado tramo de transición al empleo y del tramo de inserción, que sumará un complemento económico extra para apoyar itinerarios formativos y de mejora de la empleabilidad. Nuevamente subrayando la precaución que exigen este tipo de estimaciones, Parrado expone que la voluntad de los equipos es que no menos del 50% de los beneficiarios puedan estar en condiciones de avanzar en un programa de inserción y que al menos un 10% puedan compatibilizar el tramo de transición al empleo, que actuará como «salvaguarda» en esos primeros compases de la contratación. Compartir domicilio La cuantía de la Risga —el importe medio fue de 439 euros en 2017, y una petición recurrente del sector pasa por elevarla hasta el 60% del salario medio, el umbral que el Comité Europeo de Derechos Sociales marca como garantía para un nivel de vida digno— también se incrementará, apunta el director xeral, de la mano de otra modificación: la que permitirá que dos perceptores de Risga que comparten vivienda puedan beneficiarse a un tiempo del complemento económico para el pago de alquiler —el 10% del Iprem, unos 53 euros—. También, prosigue, por la excepción abierta a la norma general dictada en la ley de 2013 de conceder una única Risga por domicilio. El nuevo decreto abre la puerta a que dos unidades de convivencia obligadas a compartir residencia puedan optar a sus respectivas ayudas, siempre que cuenten con un contrato legal de arrendamiento. «La gente llega con vergüenza de tener que pedir una ayuda» La retirada de requisitos de residencia legal y edad —el decreto no puede contradecir su ley de base— son parte de las reclamaciones que las organizaciones que trabajan en el campo de la inclusión social mantienen sobre la mesa. Otra de las demandas del sector, apunta la vicepresidenta del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, Antía Sobrino, es la exigencia de una Risga «respetuosa». «No queríamos que la Risga se convierta en un instrumento de control, ni se utilice para juzgar a nadie: a veces se instala la idea de que las personas que cobran Risga son caraduras que no quieren trabajar; hay algún caso que puede ajustarse a ese estereotipo, pero la realidad es que hay un montón personas que no tienen ninguna posibilidad y que llegan a Servicios Sociales con vergüenza de tener que pedir una ayuda porque no tienen otra salida. Y a veces se penalizan cosas absurdas», señala la trabajadora social. Repasa su experiencia profesional y recupera dos casos concretos de suspensión de la prestación: «A una persona le retiraron la Risga porque había sido víctima de un engaño telefónico y en su extracto bancario apareció un cargo de 10 euros por una melodía de espera en el móvil; a otra, su niño pequeño le descargaba en el móvil juegos de Google Play y aparecían cobros a cuenta de un euro, otro euro, otro euro... También la penalizaron por eso». En este sentido, el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, defiende la flexibilidad con la que se actúa siempre: «Entendemos que cuando una persona está en la Risga es por lo que necesita y lo necesita de verdad, por eso, aunque aplicando la ley, somos todo lo flexibles que podemos a la hora de extinguir las ayudas», explica. En cuanto a los retos pendientes, Sobrino considera insuficiente la solución excepcional prevista para que dos perceptores de Risga puedan compartir domicilio. «Es urgente solucionarlo mejor: las cuantías son insuficientes para vivir solo, y compartir es en realidad una medida de ahorro, de mejor aprovechamiento de los recursos», dice. Leer más »

La escuela de aldea o el último bastión de una comunidad viva

01.07.2018 3:55   17 Personas Leyendo  0 Comentarios
De: https:


Los padres del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Vilaboa (Pontevedra) se han organizado para adecentar este verano los muros de las escuelas unitarias —cinco— que operan bajo el paraguas administrativo del CRA. Las familias se han ofrecido a pintar, y el Ayuntamiento correrá con los gastos de material. «Podría hacerse en un colegio urbano, sí, pero la realidad es que no pasa», dice Conchita Pérez, directora del centro, ilustrando el sentimiento de «pertenencia» y el grado de vinculación de los vecinos con sus escuelas rurales. «Tenemos también una relación muy directa con el concello, y allí donde no llega la administración llegan las familias: el que es albañil y te hace un estanque o el que es carpintero y trae unas maderas para poner alrededor de nuestra huerta escolar», explica esta profesora de Infantil, con diez años de antigüedad en el CRA de Vilaboa. La implicación de las comunidades en este tipo de centros, coinciden Javier Rivas y Jesús Prado —directores respectivamente de los CRA de Oroso y Carballo—, es intensa. «Los concellos, las familias, no quieren que sus escuelas cierren; son las escuelas de la parroquia. Muchos de los padres fueron alumnos, y la implicación continúa incluso cuando ya no tienen hijos escolarizados: siguen ofreciéndose porque entienden que si la escuela muere, muere también la esencia de su núcleo de población, y crece el riesgo de desaparición, de quedar reducidos a un espacio dormitorio», repasa Conchita. «Y con el tiempo ni eso», añade Javier Rivas, «porque la gente, sobre todo cuando hay niños, necesita vivir donde hay servicios». «La escuela es vida. Los cuartelillos de la Guardia Civil cerraron hace años, el bar ya no tiene clientes, a la iglesia van los domingos... ¿Qué queda? En una de nuestras unitarias nos visita cada día una mujer de 75 años que trabajó en ella como limpiadora cuando era joven. Dice que ver a los niños allí es lo que le da la vida», abunda Jesús Prado. Los niños son futuro y la escuela, su síntoma más inmediato. Desde principios de los 90 Galicia ha perdido más de un 30% de alumnado. Más de 25 años de saldos vegetativos negativos lastran el reemplazo en los pupitres escolares, y junto al decrecimiento y el envejecimiento de la población opera la concentración en entornos urbanos y el abandono progresivo del rural. En Galicia, según un estudio publicado en la «Revista Galega do Ensino» por el profesor Ángel Segovia Largo, exdirector del CRA de Teo, hay ya una veintena de municipios que no tienen centro escolar. Y cada verano, en la imagen de un latido que se apaga, se repite el cierre de escuelas unitarias: 201 desde 2005. Seis es el número mínimo de alumnos exigido desde 2009 por la administración educativa autonómica para garantizar la continuidad de las escuelas unitarias, aquellas en las que bajo la tutoría de un único docente se autoriza el agrupamiento de alumnos de distintas edades para asegurar una masa mínima. Desde el curso 1988-1989 muchas de ellas se hacen fuertes bajo la fórmula de CRAs, uno de esos ejemplos en los que el resultado de la suma multiplica la adición individual de las partes, no sólo a efectos de profesores especialistas compartidos, sino en la capacidad de realización de actividades. Las siete escuelas del CRA de Carballo (116 alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria distribuidos en nueve aulas), ejemplifica Jesús Prado, organizan juntas su festival de Navidad, o se desplazan al núcleo urbano en equipo un día de excursión para vender en la feria los productos de sus huertas. Ninguna de las escuelas que dependen de las direcciones de Conchita Pérez, Javier Rivas o Jesús Prado corren peligro este año. Todas volverán a abrir sus puertas el próximo septiembre, pero la caída de alumnado está ahí. El CRA de Vilaboa, indica Pérez Núñez, cuenta en la actualidad con 83 alumnos de Infantil, repartidos en siete aulas en cinco escuelas. «Hace tres años éramos 105. Pero es que la caída de alumnado es generalizada, también en los entornos urbanos», sostiene. Un modelo buscado Y en ese escenario de declive, también hay hueco para la esperanza: «Llevamos cuatro años notando un cierto tipo de familias, muy vinculadas a un tipo de crianza, que buscan una escuela diferente, con pedagogías activas, grupos reducidos... personas que están evitando las ciudades, escapando de las ratios de 25 alumnos por aula y del cole grande y que prefieren hacer unos kilómetros más para que sus hijos estén en nuestros centros», expone Pérez Núñez. Las propias necesidades de conciliación, añade Javier Rivas, juegan también a veces a favor de la escuela rural; niños, señala, «que están viniendo a nuestras escuelas porque sus padres los dejan en casa de los abuelos en el rural cuando se marchan a trabajar y son esos abuelos los que los traen y los recogen en la escuela a diario». La posibilidad de trabajar con clases más pequeñas, coinciden, es una de las principales fortalezas de las escuelas rurales. También, el trabajo en grupos mixtos, en los que los alumnos de distintas edades se complementan y aprenden entre iguales, según señala Conchita Pérez, que añade aún un tercer factor a favor de este modelo de enseñanza: la flexibilidad y la autonomía que estas estructuras reducidas aportan a la hora de implementar nuevas pedagogías o metodologías innovadoras sin la complejidad de alinear toda la maquinaria de un centro educativo de gran tamaño. « Nosotros somos laboratorio», afirma la directora del CRA de Vilaboa. En una escuela rural, sin personal de apoyo, al profesor le toca ser fontanero, técnico informático, albañil o jardinero —«yo he aprendido a hacer casi de todo», dice Pérez—; la puerta del aula está abierta para las familias (con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva) y los cambios de clase del profesorado especialista se hacen en coche —sumando kilómetros y transportando el material de centro a centro— pero, en su caso, no duda: «Ni de broma», dice, cambiaría su plaza por un centro urbano. Y es que la docencia rural tiene mucho de compromiso. «Somos los grandes desconocidos pero tengo la sensación de que el profesorado que viene a un CRA sabe de esa exigencia. Somos los últimos de una estirpe», resume Jesús Prado. Leer más »

Galicia exige a la UE que no sacrifique la inversión en políticas demográficas

27.06.2018 0:04   20 Personas Leyendo  0 Comentarios
De: https:


Galicia conoce bien los problemas de pérdida de población. En los últimos siete años, la diferencia entre el número de nacimientos y fallecimientos ha sido siempre negativa. Pero el reto demográfico afecta a toda Europa y para ponerle solución se necesitan políticas a largo plazo. El presidente de la Xunta se desplazó ayer a Logroño para participar en la conferencia de la Comisión SEDEC «Europa y el cambio demográfico: un enfoque integrador, sostenible y colectivo», organizada por el Comité de Regiones de la UE. Desde allí pidió que Europa no sacrifique la inversión destinada a la demografía en los próximos años. Hacerlo, subrayó Feijóo, sería desatender uno de los retos de mayor trascendencia que debe afrontar el Viejo Continente. Galicia es junto a La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Extremadura y Aragón una de las ocho comunidades españolas que forman parte del Foro Europeo de Regiones con Desafíos Demográficos, un organismo que apoya el Comité de Regiones. Todas ellas piden que se modifique el Marco Financiero Plurianual presentado por la Comisión Europea para contemplar, de forma expresa, la variable demográfica. Junto a los presidentes de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y de Aragón, Javier Lambán —presentes en la conferencia celebrada en Logroño—, Feijóo reivindicó que las políticas europeas sean más contundentes para intentar frenar el envejecimiento y la pérdida de población. «La evolución demográfica de Europa no entiende de fronteras regionales ni nacionales y las políticas públicas que se adopten no deben planificarse marcándose como horizonte una o varias legislaturas, sino una o varias generaciones», aseveró el mandatario autonómico. Según informa la Xunta en un comunicado, Feijóo reclamó que todas las administraciones se impliquen en una política demográfica coordinada, ambiciosa y de largo plazo. Las comunidades con desafíos demográficos reivindican que las políticas de cohesión de la Unión Europea sean aún más contundentes en esta materia y que lo refleje, de manera oportuna, en el Marco Financiero Plurianual para el próximo período 2021-2027. Tras recordar que la demografía influye en el crecimiento económico, en la sostenibilidad del sistema de pensiones, del Estado del Bienestar y en la cohesión territorial, Feijóo consideró que las políticas públicas deben reflexionar sobre la importancia de rejuvenecer el campo y sobre la conciliación de la vida familiar y laboral. Para el primer aspecto, Feijóo reivindicó una Política Agraria Común que centre los pagos en los agricultores en activo y que facilite el acceso de los jóvenes a la agricultura y a la ganadería. También se refirió a la dotación de infraestructuras tecnológicas. En este punto, recordó que Galicia está trabajando en la extensión de la banda ancha de Internet a la práctica totalidad de su territorio. También explicó que, junto a Aragón, Asturias y Castilla y León, la Comunidad demanda al Gobierno central que antes del final de la década la mitad de los hogares de cada autonomía tengan acceso a Internet de más de 100 megas, así como que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, dispongan de una cobertura de al menos 30 megas. Feijóo subrayó asimismo la necesidad de apostar por la conciliación. «Para que Europa logre revertir la tendencia demográfica, es imprescindible que ningún ciudadano sienta el deber de elegir entre su vida laboral y su vida familiar», dijo, recordando que, desde 2009, en Galicia las plazas de guardería sostenidas con fondos públicos aumentaron un 90%. El presidente destacó otras iniciativas puestas en marcha por la Xunta, como el Bono Concilia, para las familias que no pudieron obtener una plaza en la red pública; el Bono Cuidado, que ayuda a contratar un cuidador en circunstancias puntuales, o la Tarxeta Benvida, que aporta a las familias 100 euros al mes durante el primer año de vida del pequeño, extensible hasta los tres años para los hogares con rentas más bajas. «Estas medidas que pusimos en marcha desde Galicia son sólo un ejemplo de las muchas iniciativas que se están impulsando en Europa a nivel regional», afirmó. Financiación autonómica Tanto el presidente de la Xunta como el del Gobierno de Aragón subrayaron ayer otra de las demandas para la que han hecho frente común junto a comunidades como Asturias y Castilla y León. Feijóo insistió en la importancia de seguir reivindicando, a nivel nacional, que la necesaria reforma de la financiación autonómica tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión poblacional de cada territorio. El presidente de la Xunta calificó de buena noticia la decisión del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez de mantener el Comisionado para el Reto Demográfico. En la misma línea, Lambán apostó por que en el próximo sistema de financiación se «contemple el mantenimiento de servicios por el coste real por persona». Leer más »

Oferta de 300 viviendas a 93.000 euros en la Comunidad Valenciana

26.06.2018 23:28   19 Personas Leyendo  0 Comentarios
De: https:


Pisos a 93.000 euros y chalés a 109.000. Es la oferta atractiva de 300 viviendas que ha lanzado Casaktua en la Comunidad Valenciana, unos precios que se encuentran un 46% por debajo del actual en el mercado, que ronda los 1.567 euros por metro cuadrado. Este territorio es la segunda región con mayor cartera, después de Andalucía. En concreto, la cartera de inmuebles de esta promoción tiene una media de 105 metros cuadrados de superficie y un precio medio de 98.000 euros de media, detalla la compañía en un comunicado. Sin embargo, si se aplicase el coste del metro cuadrado oficial actual, el valor medio de la vivienda ascendería a 164.600 euros. Así, según Casaktua, la promoción "supone un ahorro de 66.600 euros. La campaña incluye todo tipo de inmuebles, especialmente pisos y chalés, aunque los primeros son los que más oferta presentan. Por regiones, las zonas con mayor cartera de viviendas son Andalucía (400 viviendas), la Comunidad Valenciana (300), Cataluña (220), Castilla-La Mancha (140), Castilla y León, Galicia o Aragón (con 100 viviendas en las tres comunidades). Leer más »

Noticias Antiguas »
Hoy te recomendamos...

Copyright © 2008 - 2018 Noticias de Albacete - Periodico noticias ultima hora Albacete y provincia  - Todos los derechos reservados.