Miércoles, 15 Agosto 2018
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Seguridad Social y Pastora Soler actuarán en Campo de Criptana

14.08.2018 17:47   0 Personas Leyendo  0 Comentarios
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El alcalde, junto a los concejales de Festejos y Deportes, Ana Medina y Manuel Carrasco respectivamente, ha presentado la programación diseñada con motivo de la Feria y Fiestas del municipio en honor al Santísimo Cristo de Villajos y que tendrán lugar del 23 al 28 de agosto, ha... Leer más »

La renta de inclusión corrige trabas para amparar a trabajadores pobres

13.08.2018 2:04   5 Personas Leyendo  0 Comentarios
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Los datos que manejan las organizaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión señalan para Galicia un 15% de personas empleadas en situación de pobreza. La precarización del mercado laboral vivida de la mano de la crisis económica trajo consigo nuevas situaciones de necesidad en las que un contrato de trabajo no equivale a garantía de ingresos suficientes. La Renta de Inclusión Social (Risga) es la prestación autonómica de referencia para hogares sin recursos y sin acceso a prestaciones contributivas. La falta de adecuación de esta prestación a los nuevos perfiles de riesgo emanados de la recesión estuvo detrás de la reforma que, en diciembre de 2013, con los votos del PPdeG, fructificó en la nueva ley de inclusión social gallega. Cuatro años después de su entrada en vigor —y aunque el propio texto dio un plazo máximo de seis meses, agotado en junio de 2014, para elaborar las normas necesarias para su despliegue—, el decreto que debe completar su desarrollo apura la última fase de exposición pública con la previsión de que pueda quedar aprobado antes de que termine el año. Aunque no ajena al debate —las fuerzas de la oposición y distintos colectivos sociales afean la utilización del mes de agosto para este último trámite—, esta última versión del decreto recoge algunas alegaciones básicas del sector, con la intención, apunta Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social, de ganar eficacia en la cobertura de situaciones de necesidad y contribuir al traslado de la recuperación a las personas en situación de vulnerabilidad económica. «Buscamos que sea un decreto participativo. Se incorporaron alegaciones y se volverán a considerar otras, pero es la tercera vez que se da la oportunidad de realizar aportaciones», expone acerca de las críticas a los tiempos y plazos de esta última exposición pública. Entre las modificaciones de mayor calado referidas por el director xeral figura la supresión de la condición de desempleado como requisito imprescindible para optar a la prestación, uno de los seis puntos reclamados por más de una decena de organizaciones profesionales, políticas y sociales en el acuerdo de exigencias comunes presentado en el mes de mayo. Esta demanda, «lógica y coherente» a ojos del director xeral, viene a corregir una situación que bloqueaba el acceso a asalariados pobres y favorecía el trabajo en negro entre personas que dependían de la prestación. Desincentivar ingresos en B «Con los requisitos actualmente vigentes, una persona que trabaje a jornada parcial y no tenga más que un trabajo de dos horas diarias por el que a final de mes recibe 200 euros no puede acceder a la Risga aunque esté inscrita como demandante de mejora de empleo y aunque a todas luces su sueldo sea insuficiente para sobrevivir», ilustra Antía Sobrino, vicepresidenta del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. «La inmensa mayoría de la gente con la que trabajamos son personas que lo que tienen son ganas de tener un trabajo digno con un salario digno que les permita sostener a sus familias, pero si estás sola con tu hija cobrando 400 euros de Risga y puedes sacar 200 haciendo limpiezas en B pues lo vas a hacer porque evidentemente la cuantía no es suficiente», expone. En esta misma dirección avanza el tramo de transición al empleo, otra de las novedades de la ley de 2013 pendientes de la aprobación del decreto. Con este nuevo complemento, la Risga se reducirá progresivamente, completando el salario del beneficiario en los primeros meses de acceso al mercado de trabajo (hasta un máximo de seis meses y sin que los ingresos totales puedan superar el 135% del salario mínimo interprofesional) con el objetivo de corregir la realidad actual en la que la retirada de la prestación desincentiva la aceptación de empleos de baja intensidad. Cambios con los que la Administración aguarda mejorar las tímidas ratios de inserción que año tras año arroja el dispositivo: un 14,85% de salidas por acceso a ingresos en 2017. La tasa tocó suelo en 2013 con un mínimo 7,75% de bajas por obtener otra fuente de recursos. La apertura del dispositivo a personas con salarios insuficientes y la puesta en marcha del tramo de transición al empleo, apunta el director xeral, se traducirá en un incremento de las partidas destinadas a la prestación, que en este 2018 —y pensando en una aprobación más ágil del decreto— se concretó en 62,4 millones de presupuesto, cuatro más que en 2017. Estas reformas, señala Parrado, llegan en un momento de cambio de tendencia. El descenso en el número de solicitudes (6.039 en 2017, un 11% menos que en 2016 y lejos de la casi ocho mil registradas en los años centrales de la crisis) y la reducción en la cifra de personas dependientes de la prestación (10.371 al cierre del pasado ejercicio, 390 menos que doce meses atrás) permiten pensar, sostiene, «que la recuperación económica empieza a tener efecto en estos grupos más vulnerables». En cualquier caso, añade, las nuevas garantías se traducirán en una ampliación del volumen de personas protegidas por la prestación (sólo la desactivación del requisito de desempleo se derivará en unos 400 usuarios más según las estimaciones que, con todas las cautelas, insiste, maneja su departamento ) y en un incremento de las cuantías por la incorporación del mencionado tramo de transición al empleo y del tramo de inserción, que sumará un complemento económico extra para apoyar itinerarios formativos y de mejora de la empleabilidad. Nuevamente subrayando la precaución que exigen este tipo de estimaciones, Parrado expone que la voluntad de los equipos es que no menos del 50% de los beneficiarios puedan estar en condiciones de avanzar en un programa de inserción y que al menos un 10% puedan compatibilizar el tramo de transición al empleo, que actuará como «salvaguarda» en esos primeros compases de la contratación. Compartir domicilio La cuantía de la Risga —el importe medio fue de 439 euros en 2017, y una petición recurrente del sector pasa por elevarla hasta el 60% del salario medio, el umbral que el Comité Europeo de Derechos Sociales marca como garantía para un nivel de vida digno— también se incrementará, apunta el director xeral, de la mano de otra modificación: la que permitirá que dos perceptores de Risga que comparten vivienda puedan beneficiarse a un tiempo del complemento económico para el pago de alquiler —el 10% del Iprem, unos 53 euros—. También, prosigue, por la excepción abierta a la norma general dictada en la ley de 2013 de conceder una única Risga por domicilio. El nuevo decreto abre la puerta a que dos unidades de convivencia obligadas a compartir residencia puedan optar a sus respectivas ayudas, siempre que cuenten con un contrato legal de arrendamiento. «La gente llega con vergüenza de tener que pedir una ayuda» La retirada de requisitos de residencia legal y edad —el decreto no puede contradecir su ley de base— son parte de las reclamaciones que las organizaciones que trabajan en el campo de la inclusión social mantienen sobre la mesa. Otra de las demandas del sector, apunta la vicepresidenta del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, Antía Sobrino, es la exigencia de una Risga «respetuosa». «No queríamos que la Risga se convierta en un instrumento de control, ni se utilice para juzgar a nadie: a veces se instala la idea de que las personas que cobran Risga son caraduras que no quieren trabajar; hay algún caso que puede ajustarse a ese estereotipo, pero la realidad es que hay un montón personas que no tienen ninguna posibilidad y que llegan a Servicios Sociales con vergüenza de tener que pedir una ayuda porque no tienen otra salida. Y a veces se penalizan cosas absurdas», señala la trabajadora social. Repasa su experiencia profesional y recupera dos casos concretos de suspensión de la prestación: «A una persona le retiraron la Risga porque había sido víctima de un engaño telefónico y en su extracto bancario apareció un cargo de 10 euros por una melodía de espera en el móvil; a otra, su niño pequeño le descargaba en el móvil juegos de Google Play y aparecían cobros a cuenta de un euro, otro euro, otro euro... También la penalizaron por eso». En este sentido, el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, defiende la flexibilidad con la que se actúa siempre: «Entendemos que cuando una persona está en la Risga es por lo que necesita y lo necesita de verdad, por eso, aunque aplicando la ley, somos todo lo flexibles que podemos a la hora de extinguir las ayudas», explica. En cuanto a los retos pendientes, Sobrino considera insuficiente la solución excepcional prevista para que dos perceptores de Risga puedan compartir domicilio. «Es urgente solucionarlo mejor: las cuantías son insuficientes para vivir solo, y compartir es en realidad una medida de ahorro, de mejor aprovechamiento de los recursos», dice. Leer más »

50 niños y jóvenes de los barrios El Pilar y El Carmen de Talavera están participando en los talleres de convivencia ciudadana del ‘Programa #EntrePaseos’, financiado por la Junta

12.08.2018 13:19   6 Personas Leyendo  0 Comentarios
De: www.castillalamancha.es


Consejería de Bienestar Social

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, que ha visitado el desarrollo de estos talleres donde se promueve entre la infancia y la juventud la tolerancia, la multiculturalidad, los derechos humanos y la participación vecinal, elogiaba que el proyecto comunitario ‘#EntrePaseos’, subvencionado este año con más de 47.000 euros a través del Plan Regional de Integración Social, “está logrando desde su puesta en marcha en 2016 una importante dinamización del tejido social en los barrios de El Pilar y El Carmen de Talavera, mejorando la convivencia entre vecinos y entre las distintas comunidades”.

A través del Plan Regional de Integración Social (PRIS), el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado ya en lo que va de legislatura “más de 400.000 euros en proyectos comunitarios y de inserción social para proyectos de ámbito local, exclusivamente talaverano”, según detallaba David Gomez quien añadía que “a esto hay que sumar más de 800.000 euros en otros proyectos PRIS de ámbito regional que se realizan en Talavera, lo que supone más de 1.200.000 euros”.

Últimos contratos para abrir la residencia de Molinicos

11.08.2018 10:37   6 Personas Leyendo  0 Comentarios
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De: www.latribunadealbacete.es


La Consejería de Bienestar Social contrató por 25.000 euros el equipamiento de cocina y lavandería, una inversión que se suma a los 85.000 ya destinados al mobiliario del centro Leer más »

El Gobierno regional pone a disposición de los jóvenes de la provincia de Guadalajara formación en marketing digital y protección de datos

07.08.2018 14:55   7 Personas Leyendo  0 Comentarios
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De: www.castillalamancha.es


Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Ambos cursos están organizados en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y el Fondo Social Europeo y se realizan con CEOE-Cepyme Guadalajara como entidad colaboradora. Comenzarán en septiembre y están dirigidos a jóvenes que tengan entre 16 y 29 años.

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