Miércoles, 12 Diciembre 2018
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TSJCM desestima los recursos contra absolución del guardia civil que mató de un disparo a un presunto atracador

04.12.2018 17:08   2 Personas Leyendo  0 Comentarios
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EUROPA PRESS

  • La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado los recursos de las dos acusaciones particulares personadas en el juicio contra el guardia civil que en octubre de 2013 disparó y mató a un presunto atracador en Cabanillas del Campo (Guadalajara) tras quedar este absuelto por entender que existía una "duda razonable" sobre cómo se produjeron los hechos y considerar que no hay prueba objetiva concluyente.

El TSJCM ha confirmado íntegramente la sentencia absolutoria del juicio con jurado que se siguió en la Audiencia Provincial de Guadalajara en junio de 2018 por un delito de homicidio imprudente, una sentencia que no es firme ya que cabe ahora un recurso de casación en el plazo de cinco días.

Según la sentencia, facilitada a los medios por el tribunal, el veredicto de inculpabilidad "es absolutamente congruente con los hechos declarado probados" y "trae causa de la aplicación del principio 'in dubio pro reo' -término jurídico que determina que, en caso de duda, se favorecerá al acusado-", ante la ausencia "terminante de prueba de cargo sobre la culpabilidad del agente al ejecutar la acción" y, al no darse por probada ninguna forma de dolo o culpa, "no cabía pronunciamiento condenatorio alguno".

Por ello, en la misma se recoge que se considera que "no resulta irracional o ilógica la duda suscitada" por el jurado a la vista de las pruebas practicadas y a las que se refiere en el acta de veredicto, conforme a informes periciales sobre la trayectoria de la bala que no resultan concluyentes, sino que "discrepan entre sí" y, a la vez, "admiten la posibilidad contraria".

Y en cuanto a la existencia de una esquirla metálica en el cuerpo del fallecido, reciente y que no coincidía con la composición del proyectil que causó su muerte, tampoco se descarta que pudiera llegar allí a consecuencia de un rebote con alguno de los elementos metálicos que había en el lugar de los hechos.

Una sentencia que insiste en que el jurado razonó convincentemente los porqués de su decisión absolutoria y que no llegó al canon propio de las sentencias condenatorias de "certeza más allá de toda duda razonable", de ahí que considere la conclusión absolutoria "obvia" teniendo en cuenta que la culpabilidad ha de quedar probada más allá de toda duda razonable.

Indica también dicha sentencia que "la prueba de cargo producida es insuficiente para la condena" entendiendo que el acusado efectuó un disparo intimidatorio adoptando medidas suficientes (desvío del arma hacia la derecha), que eran adecuadas para el fin que pretendía.

LAS PRUEBAS NO ARROJAN "CERTEZA ABSOLUTA"

Según consta en los fundamentos de hecho, "ninguna de las pruebas presentadas arroja certeza absoluta sobre lo que ocurrió en realidad", siendo el debate principal o encrucijada si fue un disparo directo o un rebote, algo que no ha quedado probado.

Añade que varios testimonios de investigadores policiales "creen que existió relación espacio-temporal entre el intento de atraco inicial, la huida de los presuntos atracadores y su localización posterior por la patrulla de la Guardia Civil, lo que entendemos que sitúa a la patrulla en un escenario de riesgo que exigió la adopción de las máximas precauciones y la creencia de un más que posible riesgo para su integridad física", se indica.

Las acusaciones que representan a los padres y hermana de la víctima, por un lado, y al hijo menor, por otro, pedían en sus conclusiones definitivas 13 años de cárcel para el agente al entender que fue un homicidio doloso eventual y, tras quedar absuelto por el jurado, decidieron recurrir, un recurso que ha sido desestimado.

La sentencia de la Audiencia ya recogía, en virtud del veredicto de no culpabilidad al que ya llegó el jurado, la absolución del agente de los delitos de los que estaba acusado, entendiendo que existía una "duda razonable".

Una "duda" que no permitía alcanzar un veredicto de culpabilidad por parte del agente en esta muerte porque "ninguna de las pruebas arrojan certeza absoluta" sobre lo que ocurrió en realidad, en cuanto a si el proyectil se desvió o no, como consecuencia de su impacto previo con algún elemento u objeto de los existentes en el lugar.

El 23 de octubre de 2013, el acusado se dirigió con otro agente al lugar para iniciar la búsqueda de los sospechosos y al llegar al lugar y ver a varias personas que hablaban entre ellos y sospechar que podría tratarse de los supuestos autores, gritó: "alto a la Guardia Civil".

Pero tras huir y escuchar el agente a unos de los supuestos atracadores decir: "ya verás tú", realizó un disparo con el arma reglamentaria que ocasionó la muerte del atracador a causa de una "hemorragia por traumatismo arterial y venoso" que le produjo un shock hipovolémico.

Contra esta sentencia cabe ahora recurso de casación ante un tribunal superior.

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Entidades educativas católicas recurren el decreto de la ley Trans aprobado en julio

23.11.2018 12:38   3 Personas Leyendo  0 Comentarios
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La Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, la Federación Católica de Padres de Alumnos de Valencia y la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centro Católicos de la Comunitat Valenciana han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat el decreto que desarrolla la denominada ley Trans. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este viernes una resolución del director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad por la que se ordena el envío al TSJCV del expediente administrativo objeto de este recurso contencioso-administrativo, que se tramita dentro del procedimiento de protección de derechos fundamentales. Además, la publicación en el DOGV sirve como notificación a los que pudieran resultar afectados por este citado recurso contencioso-administrativo, y para emplazarles con el fin de que puedan personarse en el plazo de nueve días en calidad de demandados. El Consell aprobó el pasado 27 de julio un decreto por el que desarrolla la ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, en aspectos como el tratamiento de la identidad en la documentación administrativa. Leer más »

Condenada a devolver tres años de sueldo una tránsfuga que dio una Alcaldía a Compromís

19.11.2018 20:03   3 Personas Leyendo  0 Comentarios
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obliga a una concejal tránsfuga de Font de la Figuera (Valencia) a devolver tres años de salario otorgado por el alcalde de Compromís, a quien la edil aupó con su voto para conseguir la vara de mando. Ahora, el fallo judicial anula los nombramientos decididos por el equipo de gobierno para esta concejal a la que “sorpresivamente” se le incrementaron sus competencias políticas y sus asignaciones económicas, las cuales tendrá que devolver, según ha informado este lunes el PP, que presentó la denuncia en este caso. Según explican los populares, esta dotación de recursos económicos se produjo “a cambio de que la concejala no adscrita y expulsada de Ciutadans apoyara al alcalde de Compromís para poder acceder a la Alcaldía”. El TSJCV resuelve así contra el recurso presentado por el Ayuntamiento de la Font de la Figuera y a favor del PP quien había denunciado que la concejal no adscrita María Purificación Lluch Sanz había gozado de unos derechos políticos y económicos “que no se ajustaban a la ley de Régimen local”. “Unos derechos y un salario que ha percibido durante tres años, algo vergonzoso”, ha señalado la portavoz popular, María José Penadés. El PP ha tildado esta situación de “indignante, primero porque ese es el precio que le cuesta la vara de mando a Muñoz y lo mas vergonzoso es que le están pagando la defensa con el dinero de las arcas municipales”. También ha criticado las formas de “mantener el sillón ya que supuestamente el Alcalde de la Font estaria incurriendo, supuestamente, en un delito de prevaricación porque ya fue advertido en por Juzgado de Primera instancia de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, sobre la ilegalidad con la que estaba incurriendo, y aun así, decidieron recurrir”. Abogados gratis “Ahora la Sra. Lluch, además de devolver lo que ha cobrado indebidamente, debería también pagar los gastos de abogados y procuradores ya que ella misma no quiso ir defenderse y prefirió que lo hiciera el Ayuntamiento para no tener que desembolsar ni un euro para su defensa”, ha explicado María José Penadés, Portavoz del Grupo Popular, la fuerza mayoritaria representada en el Ayuntamiento. En este sentido, el TSJCV tilda de “realmente significativo” que la puesta a disposición de los votos de la trásfuga fueran para un adversario político del PP” porque, aunque la votación para la elección de Alcalde fue secreta, fue precisamente la votación de la concejal no adscrita la que inclinó el voto al actual alcalde según declaró ella misma a la prensa, connotación que se aportó como prueba de su “secreta votación” pero que ella misma se delato y fue utilizada como prueba de sus intenciones. Según se desprende del fallo, “se produjo una quiebra de la disciplina de voto y la concejal puso el suyo a disposición de su adversario”, por lo que anula todos los nombramientos de la concejala aupada por Compromís y PSPV. El TSJCV tilda de “realmene trascendente” que la concejal pasara a ostentar un incremento de sus derechos políticos y económicos de los cuales no disfrutaba con anterioridad justo después de producirse la votación y ratifica la primera sentencia que fue recurrida por el Ayuntamiento. Así, la sentencia explica que el artículo 73 de la LBRL impide que los concejales no adscritos puedan percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales pùestos a disposición de los grupos políticos. El PP ha denunciado las formas en las que algunos partidos “quieren acceder a las alcaldías mediante pactos de despachos después de las elecciones”. Con todo ello, el PP va a pedir un pleno extraordinario “para dar cuenta de la sentencia y pedir la dimisión de la no adscrita, Mª Purificación Lluch por todo el dolo ocasionado al ocupar cargos políticos y económicos indebidos y la dimisión del alcalde Vicent Muñoz de Compromís porque, a pesar de ser consciente de la magnitud de las consecuencias que podías causar sus Nombramientos por Decreto según Sentencia en 1ª Instacia, decidió recurrir al TSJCV con tal de recompensar a la transfuga con el beneplácito del PSPV de la Font de la Figuera que también tiene sus recompensas y beneficios. Leer más »

El 61,9% de los jueces y magistrados de C-LM secundan la jornada de paro convocada por asociaciones judiciales

19.11.2018 18:23   8 Personas Leyendo  0 Comentarios
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EUROPA PRESS

  • El número de jueces y magistrados que ha comunicado a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) su decisión de secundar la jornada de huelga convocada este lunes por las asociaciones judiciales es de 112 de los 181 posibles, lo que supone un 61,9 por ciento.

Por provincias, en la de Albacete 41 jueces y magistrados ejercientes han secundado el paro, en la de Ciudad Real han sido 28 jueces y magistrados los que lo han secundado, en la de Cuenca lo han hecho 10 jueces y magistrados, en la provincia de Guadalajara 11 jueces y magistrados, y en la de Toledo 22 jueces y magistrados, ha informado el TSJCM en un comunicado.

En toda Castilla-La Mancha se han suspendido un total de 196 juicios y 97 diligencias, según los datos facilitados por los juzgados y tribunales.

Además de esta jornada de paro se han concentrado en las puertas de las principales sedes de cada ciudad para leer un manifiesto, en el que han destacado que "hoy más que nunca" ambas carreras, la de jueces y fiscales, han tenido que "salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes".

Sobre todo en un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo elegido por los partidos políticas, lo cual "va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho", detalla el texto.

Igualmente, recuerdan reivindicaciones sobre medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, la derogación del 324 de la LECrim, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, y unas "condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal".

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PNV y EH Bildu arremeten contra el presidente del TSJPV por cuestionar su acuerdo de Nuevo Estatus

15.11.2018 21:04   3 Personas Leyendo  0 Comentarios
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, advirtió ayer que el «exiguo acuerdo» de Nuevo Estatus impulsado por PNV y EH Bildu rebasa la legalidad, pues sitúa a la voluntad popular «como único límite de las decisiones políticas». Unas declaraciones que PNV y EH Bildu han interpretado como una «advertencia» contra su proyecto de autogobierno: «Es un nuevo intento del Poder Judicial de condicionar y limitar la acción política», han asegurado las fuerzas nacionalistas. PNV y EH Bildu se han referido de esta forma a las declaraciones que realizó el presidente del TSJPV, que durante el acto de apertura del Año Judicial recordó que el derecho a decidir al que aspiran ambas formaciones resulta «incompatible» con la Constitución. A instancias del PP, que este jueves ha presentado en el Parlamento una iniciativa para paralizar la propuesta de Nuevo Estatus, los nacionalistas han subrayado que «no hay que tomarse a broma» la intervención de Ibarra: «Sus palabras de ayer no son en balde, son palabras serias —ha destacado su portavoz en la Cámara, Joseba Egibar—. Con el derecho a la libertad de expresión se puede decir lo que quiera, pero para mí es una advertencia». También se ha mostrado muy crítico al respecto EH Bildu, cuya portavoz, Maddalen Iriarte, ha asegruado que las palabras de Ibarra constituyen «un nuevo intento del Poder Judicial de condicionar y limitar la acción política». En esta línea, ha considerado que a la Cámara autonómica «le corresponde legislar en libertad según la voluntad mayoritaria de la sociedad», y ha advertido al TSJPV de que su papel es el de «aplicar las leyes que aprueba el Parlamento, les gusten más o le gusten menos». «Disuasión nuclear» Solo los populares votaron a favor de su propia iniciativa, que reclamaba la paralización de la propuesta de nuevo Estatuto pactada por EH Bildu y PNV. Además, solicitaba a la Ponencia de Autogobierno que retomara las reuniones con el fin de obtener un «mayor grado de consenso» y llegar a un acuerdo que tenga cabida «dentro del ordenamiento jurídico vigente». Durante la sesión, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha recriminado a los nacionalistas que hayan «comprado» las tesis de los soberanistas, y ha subrayado que la «vía vasca» que defienden «es la disuasión nuclear». En este sentido, advirtió de que su formación no podrá dar sustento presupuestario a un Gobierno que ha dado «legitimidad y apoyo» al proyecto de Nuevo Estatus. Leer más »

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